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29/11/2011

Empleo y discapacidad: hacia la igualdad de oportunidades

En el último informe Olivenza elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, se ponía de manifiesto que hay un total de 3,8 millones de personas con discapacidad residiendo en los hogares españoles, de los que 2,3 millones son mujeres (un 59,8%) y 1,5 millones son hombres (40,2%).

Casi un millón y medio  de estas personas con discapacidad están en edad laboral (entre 16 y 64 años de edad), aunque solo trabaja un 28%, según el estudio.
(http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documentos/07012011/informe_olivenza_2010)

El empleo es, en las sociedades modernas, la principal vía de inclusión, participación y movilidad social.  Ofrece seguridad económica, seguridad social y seguridad personal, favoreciendo la identidad y el reconocimiento social.

El momento económico actual es especialmente difícil para las personas con discapacidad, tanto para  quienes ya están en el mercado de trabajo como para quienes tratan de entrar en él. Un número creciente de personas con discapacidad que necesitan encontrar empleo se ven influidas por los recortes en las  políticas de incentivos a la contratación y por el descenso del empleo en los sectores económicos en los  que las personas con discapacidad tienen más posibilidades de integración.

Los derechos laborales de las personas con discapacidad, como los de todos los ciudadanos, están  reconocidos en España por el artículo 35.1 de la Constitución, que establece que todos los españoles  tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción  a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin  que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Por otra parte, en  su artículo 49, la Constitución Española establece que los poderes públicos realizarán una política de  integración social de los ciudadanos con discapacidad, a los que habrán de amparar especialmente para el  disfrute de los derechos que el Título Primero otorga a todos los ciudadanos.

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (LISMI), abordó en su Título  Séptimo el tema de la integración laboral de las personas con discapacidad, estableciendo la obligación,  para las empresas privadas con más de 50 trabajadores fijos, de emplear a un número de trabajadores  con discapacidad no inferior al 2 por ciento de la plantilla. Posteriores legislaciones han desarrollado Medidas Alternativas. Esta opción ofrece a las empresas a las que les sea imposible aplicar la cuota de contratación de personas con discapacidad, la posibilidad de aplicar medidas sustitutivas reguladas en el Real Decreto 364/2005, entre las que está la compra de bienes y servicio a un Centro Especial de Empleo.

Gracias a este desarrollo legal y a la colaboración entre la Administración, y todas las asociaciones e instituciones que trabajan a favor de esta causa, se está consiguiendo reducir el impacto que, la difícil situación económica, pudiera tener en el empleo de personas con discapacidad.

Así, la evolución de los contratos a personas con discapacidad al finalizar el segundo cuatrimestre de 2011 es positiva respecto al mismo periodo del año 2010, registrándose en todos los meses un aumento.  Al finalizar el segundo cuatrimestre de 2011, el acumulado de contrataciones a personas con discapacidad era de 42.178 contratos, frente a los 39.471 que se realizaron en ese mismo periodo del 2010, lo que supone un 6,9% de incremento. 

Se da la circunstancia adicional que este crecimiento en la contratación de trabajadores discapacitados, se ha  realizado fundamentalmente a través de Centros Especiales de Empleo. Es decir el 2% del sector productivo español (valoración orientativa del global de CEE’s), ha contratado más trabajadores discapacitados que el 98% del tejido empresarial restante.

La nueva legislación, aprobada en agosto de este año, endurece los requisitos a empresas de más de 50 trabajadores que quieran licitar en el sector público, y  agrava las sanciones por incumplimiento de la cuota de reserva del 2% de trabajadores discapacitados. Esto, ha llevado a las empresas que hasta ahora incumplían esta cuota,  a la búsqueda de soluciones directas o vía CEE.

INTEGRA CEE, incrementa su cifra de empleados con discapacidad hasta alcanzar los 1.000 profesionales

En el caso de INTEGRA CEE, Centro Especial de Empleo del grupo Clece,  desde su creación en el año 2001, y fundamentalmente en los últimos 4 años,   ha multiplicado por 14 su plantilla.

Gracias a este ritmo de crecimiento, la compañía ha alcanzado ya los 1.000 empleados. Una plantilla compuesta, en más del 90%, por personas con una discapacidad superior al 33%, con más del 40% de ellas en riesgo de exclusión social (alta discapacidad, discapacidad psíquica, u otros factores de riesgo adicionales a su discapacidad).

Sin embargo, mientras haya personas con discapacidad plenamente preparadas para trabajar y empresas obligadas a cumplir con la LISMI, hay aún mucho trabajo por hacer.

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