Una de cada diez personas en el mundo tiene algún tipo de discapacidad. Son alrededor de 650 millones personas de las cuales unas 450 millones están en edad de trabajar.
Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD), el número de residentes en España que sufren discapacidad asciende a 3.847.900 (de los que 2,3 millones son mujeres y 1,55 millones son hombres), lo que supone el 8,5% de la población. La plena integración social y laboral de estas personas debe ser un objetivo comunitario de primer orden.
Desde hace más de 25 años existe una ley que pretende, entre otros objetivos, impulsar y fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad. La ley de integración social de los minusválidos 13/1982 de 7 de abril, también conocida como LISMI, establece para las empresas públicas y privadas, con una plantilla superior a 50 trabajadores, la obligación de contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.
A pesar de esta normativa, actualmente son muy pocas las empresas que cumplen con esta mandato legal, por lo que queda mucho camino por recorrer. En este contexto, los Centros Especiales de Empleo juegan un papel fundamental facilitando a las empresas el cumplimiento de la cuota de reserva legal establecida por la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
-
Primero, canalizando la integración laboral de personas con discapacidad al mercado de trabajo tras fomentar previamente su desarrollo en una actividad laboral.
-
Segundo, contribuyendo a un mejor conocimiento por parte de la empresa de las capacidades y aptitudes reales de las personas con discapacidad, con vistas a una eventual incorporación a su plantilla.